Nueva Ley de Protección de Informantes que denuncien infracciones normativas y de corrupción
Entra en vigor una nueva norma que obliga a las empresas a contar con un sistema de información y que prevé multas hasta 1.000.000 de euros.
La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, publicada el 21 de febrero de 2023 y con entrada en vigor el 13 de marzo de 2023, tiene como finalidad principal amparar a toda persona que informe sobre una irregularidad para evitar consecuencias negativas, como el despido, el traslado, la degradación o la intimidación.
Los puntos principales de la Ley son:
- Protección total de los informantes
- Aplicación de sistemas internos de información para administraciones públicas y personas físicas o jurídicas del sector privado
- Establecimiento de sistemas que aseguren la confidencialidad, seguimiento, investigación y protección del informante
- Designación de un gestor del sistema para su correcto funcionamiento
- Información sobre los canales interno y externo de información
- Protección de datos personales
- Aplicación de un régimen sancionador
Empresas que deben implementar un sistema de información
En el sector privado
- Personas físicas o jurídicas del sector privado a partir de cincuenta empleados
- Todas las empresas, independientemente de su número de empleados, en el ámbito de aplicación de los actos de la Unión Europea en materia de servicios, productos y mercados financieros, prevención de blanqueo de capitales o de la financiación del terrorismo, seguridad del transporte y del medio ambiente
- Partidos políticos, sindicatos, patronales y fundaciones
En el sector público
- La Administración General del Estado, las administraciones regionales y provinciales
- Los Organismos y Entidades públicas vinculadas o dependientes de alguna Administración pública
- Las Corporaciones de Derecho Público
- Universidades públicas
- Las fundaciones del sector público
Prohibición total de represalias
- La protección no solo de los empleados de la empresa, sino de familiares, amigos, socios comerciales y terceros entre otros
- Medidas para proteger a los informantes contra todo tipo de represalia, como el despido, el cambio de trabajo, discriminación, coacción o acoso
- Medidas de apoyo para el informante, asesoramiento sobre procedimientos y recursos disponibles, así como asistencia jurídica
Sanciones económicas
Si no se llevan a cabo las medidas impuestas por ley, las empresas recibirán sanciones que van desde muy graves, graves y leves:
Hasta 1 millón de euros para las sanciones muy graves
- Impedir o dificultar la presentación de informaciones y su seguimiento por parte del alertador
- No cumplir con el derecho de confidencialidad y anonimato del informante
- Practicar cualquier represalia
Hasta 600.000 € para las sanciones graves
- Impedir o dificultar la presentación de informaciones y su seguimiento por parte del alertador que no tenga consideración de infracción muy grave
- No cumplir con el derecho de confidencialidad y anonimato del informante que no tenga consideración de infracción muy grave
- Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas para garantizar la confidencialidad y secreto de los informantes
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